El Parlamento Europeo condena el abuso de amnistías políticas de Pedro Sánchez: el texto denuncia que estas prácticas erosionan el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley en la Unión Europea
En una resolución de calado histórico aprobada este 29 de abril de 2026, el Parlamento Europeo ha manifestado su rechazo frontal a las políticas de gracia dirigidas a favorecer a las élites partidistas. Como informa la redacción del sitio, la Eurocámara ha condenado formalmente el abuso de las amnistías e indultos que benefician directamente a responsables políticos, advirtiendo de que estas maniobras legislativas representan un peligro inminente para la estabilidad institucional del continente.
El texto, que ha salido adelante a pesar de la feroz resistencia de la delegación socialista española, utiliza un lenguaje de inusual dureza para describir el impacto de estas medidas en la arquitectura democrática de la Unión Europea.
La fórmula literal aprobada por la cámara sostiene que tales prácticas «socavan el principio de igualdad ante la ley y erosionan la confianza de los ciudadanos en el Estado de Derecho», una declaración que se interpreta como un reproche directo al conocido como «Sanchismo» y a sus pactos con el independentismo catalán. Esta condena europea se produce en un momento de máxima tensión en España, donde la ley de amnistía diseñada para exonerar a los líderes del proceso secesionista de 2017 ha sido el eje central de la supervivencia política del actual Ejecutivo.
La Eurocámara, al validar este texto, alinea su doctrina con los estándares de integridad judicial que prohíben que el poder legislativo sea utilizado como una herramienta de intercambio de favores personales entre mandatarios, según informa BCN24, citando datos del consistorio y de hispanidad.
El golpe de Bruselas contra la desigualdad jurídica
La enmienda que ha provocado este terremoto político fue introducida en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2025. La iniciativa partió del grupo Patriots —donde se integra la formación Vox— y contó con el respaldo decisivo del Partido Popular Europeo (PPE). Según diversas fuentes parlamentarias, el PSOE intentó por todos los medios diplomáticos y técnicos que la enmienda decayera, consciente de que el texto describe punto por punto la situación vivida en España tras las exigencias de Junts para la investidura de Pedro Sánchez. Sin embargo, la mayoría parlamentaria ha decidido priorizar la protección de la igualdad jurídica frente a los intereses coyunturales de los gobiernos nacionales.
El intercambio de votos por impunidad: los hechos
El trasfondo de esta condena se remonta al 14 de marzo de 2024, cuando el Congreso de los Diputados de España aprobó la ley de amnistía por exigencia expresa de Carles Puigdemont. El intercambio fue nítido: los votos de los siete diputados de Junts a cambio de la impunidad judicial para los implicados en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Este acuerdo supuso la anulación de facto de las sentencias del Tribunal Supremo, que había condenado a penas severas a los principales promotores del «procés» por delitos de sedición y malversación de caudales públicos.
Impacto de la amnistía en las condenas del Tribunal Supremo:
- Oriol Junqueras: 13 años de prisión por sedición y malversación.
- Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa: 12 años de prisión cada uno por sedición y malversación.
- Carme Forcadell: 11 años de prisión por sedición.
- Joaquim Forn y Josep Rull: 10 años de prisión por sedición.
- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart: 9 años de prisión por sedición.
La erosión del Estado de Derecho y la justicia selectiva
La resolución europea pone el foco en que estas medidas no responden a una voluntad de reconciliación social, sino a una «necesidad mutua» de beneficio político. Mientras que el Tribunal Constitucional español, con una composición cuestionada por la oposición debido a la afinidad de varios magistrados con el Ejecutivo, avaló la norma en España, el Parlamento Europeo ha optado por una visión más amplia y protectora de la separación de poderes. Para Bruselas, que un político indulte a otros políticos para garantizarse el poder es una práctica que quiebra el contrato social y genera ciudadanos de «primera» y «segunda» clase ante la justicia.
| Elemento de análisis | Situación en España | Dictamen del Europarlamento |
|---|---|---|
| Igualdad ante la ley | Exención selectiva para políticos independentistas. | Se considera socavada de forma crítica. |
| Motivación de la medida | Intercambio de votos por investidura. | Abuso de poder para beneficio personal. |
| Confianza ciudadana | Polarización y descrédito institucional. | Erosión grave del Estado de Derecho. |
| Separación de poderes | El Legislativo anula al Judicial por pactos políticos. | Práctica condenable a nivel europeo. |
Consecuencias institucionales para el Ejecutivo de Sánchez
La aprobación de este texto no solo tiene un valor simbólico, sino que abre la puerta a que las instituciones europeas vigilen con mayor celo las futuras reformas legales en España. La Eurocámara ha dejado claro que la amnistía no es un cheque en blanco y que la soberanía nacional tiene un límite infranqueable: el respeto a la independencia de los jueces. «Se trata de un político indultando a otros políticos para beneficiarse todos mutuamente», señalan observadores en Bruselas, coincidiendo con la tesis de la resolución aprobada.
Background: El largo camino desde el 1 de octubre de 2017
La crisis institucional en España alcanzó su punto álgido el 1 de octubre de 2017, cuando el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, liderado entonces por Carles Puigdemont, intentó celebrar un referéndum de autodeterminación declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La posterior declaración unilateral de independencia llevó a la intervención de la autonomía catalana a través del artículo 155 de la Constitución y a la huida de varios cabecillas a Bélgica y Escocia.
Aquellos que se quedaron en España fueron juzgados y condenados por el Tribunal Supremo en octubre de 2019, en un proceso que contó con todas las garantías jurídicas. Sin embargo, la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa cambió el paradigma. Tras unos primeros indultos parciales en 2021, la derrota parlamentaria del PSOE en las elecciones generales de 2023 obligó a Sánchez a pactar con los herederos directos del 1-O.
La amnistía total se convirtió en la moneda de cambio obligatoria, una medida que el propio Sánchez había calificado de «inconstitucional» apenas meses antes de las elecciones, pero que terminó aceptando bajo el argumento de la «convivencia». Esta metamorfosis política es la que hoy el Parlamento Europeo señala como un precedente peligroso para toda la Unión.
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